La gestión de la crisis del COVID-19 por parte del Gobierno de Pedro Sánchez está encontrando como detractores a los organismos colegiales, sindicatos y algunas fuerzas políticas. De hecho, sólo en esta semana se han anunciado que se emprenderán varias acciones judiciales al respecto.
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) anunciaba ayer mismo que ha decidido interponer querella ante el Tribunal Supremo contra el Ministerio de Sanidad por la gestión de las mascarillas defectuosas repartidas a los profesionales. De hecho, no es la primera medida es este tipo que emprende este sindicato en el marco de esta crisis contra el Gobierno. Fruto de una denuncia anterior, en la que se quejaba de falta de material de protección para los profesionales sanitarios, el Ministerio de Sanidad se ha visto obligado a informar cada 15 días al Tribunal Supremo sobre las medidas que está tomando para distribuir este tipo de recursos a los trabajadores.
Por otra parte, y también en relación a los lotes de mascarillas defectuosas que Sanidad repartió a las comunidades autónomas, la Organización Médica Colegial, anunciaba se personará como “acusación particular” en aquellos casos de contagio del Covid-19 debido al uso de “mascarillas defectuosas”.
Querella de enfermería
El Gobierno también se ha encontrado con la oposición frontal del Consejo General de Colegio de Enfermería. Esta institución ha presentado una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por un delito contra la seguridad de los trabajadores contra el presidente del Gobierno y contra el ministro de Sanidad y varios cargos de su departamento, concretamente la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación, la subdirectora general de Promoción de la Salud y Vigilancia en Salud Pública, la subdirectora general de Sanidad Ambiental y Salud Laboral y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Medidas legales de VOX
A inicio de semanas se conocía también la intención de VOX de denunciar al Gobierno. Su líder, Santiago Abascal, anunciaba que acusaría ante los tribunales al Gobierno por tres delitos: imprudencia grave con resultado de muerte, lesiones por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores por omisión de las medidas de seguridad.
