La Ley 4/2026 exige agotar antes las alternativas voluntarias, respetar las voluntades anticipadas y documentar en la historia clínica cualquier ingreso urgente o contención mecánica. El Gobierno deberá presentar en un año una ley orgánica que reforme el procedimiento judicial de los internamientos
La Ley 4/2026, que garantiza los derechos de los pacientes ante las intervenciones involuntarias en salud mental, entra en vigor mañana. La norma incorpora nuevas garantías asistenciales para proteger la autonomía de las personas atendidas, favorecer las intervenciones voluntarias y concretar las obligaciones de los servicios y profesionales sanitarios.
Ingresos involuntarios: requisitos y garantías
Los ingresos involuntarios siguen regulados por el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La nueva ley establece, por primera vez, los supuestos que permiten el ingreso por urgencia vital, definida como una amenaza para la vida o la integridad de la persona o de terceros, y concreta qué requisitos deben cumplirse:
- Agotar previamente las alternativas voluntarias.
- Consultar las voluntades anticipadas del paciente.
- Proporcionarle los apoyos necesarios.
- Ofrecerle información accesible sobre sus derechos.
En caso de ingreso involuntario urgente, además, deberá dejarse constancia en la historia clínica tanto de las alternativas voluntarias agotadas como de la información facilitada al paciente. La norma dibuja así un marco que orienta la actuación de los profesionales y refuerza la protección de los derechos de los pacientes.
Consentimiento informado, apoyos y voluntades anticipadas
La reforma introduce un nuevo artículo en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Establece que las intervenciones sanitarias y asistenciales en salud mental deben basarse en el consentimiento libre e informado, conforme a la legislación sobre autonomía del paciente. La atención debe seguir un enfoque comunitario y centrado en la persona, con respeto a sus deseos, voluntad y preferencias.
Cuando una persona necesite acompañamiento para decidir, deberá hacerlo con los apoyos formalmente establecidos o, en su defecto, con la asistencia de quien se los preste según la legislación aplicable. Esta garantía se enmarca en el modelo de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica de la Ley 8/2021.
Si el paciente no puede decidir, deberá consultarse su voluntad anticipada, ya conste en documentos registrados o en su historia clínica. La planificación anticipada de decisiones y los planes de crisis pueden contribuir a que sus preferencias se conozcan cuando necesite atención y su voluntad esté comprometida.
Prohibiciones y límites a las contenciones
El alcance de la reforma va más allá del ingreso. La ley prohíbe tres prácticas:
- Las intervenciones involuntarias protocolizadas sin evaluación individual.
- El mantenimiento injustificado de medidas involuntarias.
- Su utilización con carácter punitivo o disciplinario.
En cuanto a las sujeciones o contenciones mecánicas, solo deben considerarse en situaciones excepcionales. Su uso deberá tratarse como un incidente relacionado con la seguridad del paciente, documentarse en la historia clínica y evaluarse con posterioridad. Los centros deberán contar con protocolos que garanticen la intimidad, la seguridad, los cuidados y el respeto a los derechos y la dignidad de las personas atendidas.
Pendiente: la reforma del procedimiento judicial
Las nuevas obligaciones asistenciales se complementan con las garantías del procedimiento judicial, que continúa regulado por el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este exige autorización judicial previa para el internamiento involuntario, salvo que razones de urgencia obliguen a un ingreso inmediato. En ese caso, el centro debe comunicarlo al tribunal lo antes posible y, como máximo, en 24 horas, y la ratificación judicial debe producirse en un máximo de 72 horas desde que el tribunal tenga conocimiento del internamiento.
La disposición final decimonovena de la Ley 4/2026 obliga al Gobierno a remitir a las Cortes Generales, en el plazo máximo de un año desde su entrada en vigor, un proyecto de ley orgánica para reformar ese procedimiento. La futura regulación deberá adaptarse al artículo 49 de la Constitución, a las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Deberá incorporar además el concepto de apoyo comunitario y acompañarse del desarrollo normativo sanitario y social necesario para su aplicación.