Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha participado este miércoles en el acto ‘Plan de aceleración para detener la obesidad’, organizado por el Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud, donde ha anunciado que el Real Decreto para garantizar una alimentación saludable en hospitales y en residencias de mayores va a incluir la retirada de los ultraprocesados en los menús que se ofrecen a las niñas, niños y adolescentes ingresados en hospitales.
El texto sobre el que trabaja el Ministerio de Consumo, y en el que Sanidad es coproponente, también va a limitar los alimentos ultraprocesados incluidos en los menús infantiles de las cafeterías y comedores abiertos al público en estos centros. De esta manera, la normativa seguirá la estela del Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles que aprobó el Gobierno en abril de 2025, a través del cual se garantizó que las comidas en colegios e institutos cumplieran con las recomendaciones sanitarias de organismos científicos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Agencia Estatal de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).
Con este mismo fin, el Real Decreto para los hospitales y las residencias de mayores establecerá unos criterios mínimos de calidad nutricional y de sostenibilidad que orienten la contratación, adquisición y oferta de alimentos y bebidas que se ofrecen en estos centros. Consumo precisa que los alimentos ultraprocesados que se verán limitados serán aquellos productos de formulación industrial compleja, con ingredientes transformados, aditivos y perfiles nutricionales con alto contenido en grasas saturadas, azúcares o sal, como ocurre con algunos snacks, bollería industrial, bebidas azucaradas o galletas industriales.
El ministro Bustinduy ha destacado que esta normativa responde a un clamor social y por parte de la comunidad científica, así como a las numerosas denuncias realizadas tanto por parte de la ciudadanía como de entidades sociales y de colectivos profesionales. “El consumo creciente de alimentos representa una amenaza sistemática para la salud pública, la equidad y la sostenibilidad ambiental”, ha subrayado.
Además, Bustinduy señala que el sector público debe liderar la transición hacia entornos alimentarios saludables: “Que no exista ningún tipo de control sobre estos alimentos, existiendo una evidencia tan amplia sobre sus efectos, es incomprensible”, y que el ministerio de Consumo será pionero a la hora de actuar en este ámbito, tal y como reclama la Organización Mundial de la salud: “Son los poderes públicos los responsables de crear entornos en los que tomar decisiones saludables sea sencillo y accesible”.
La obesidad infantil, un reto para la salud pública mundial
Durante la jornada también intervino la ministra de Sanidad, Mónica García, quien subrayó que la obesidad infantil constituye uno de los grandes desafíos de la salud pública a nivel mundial.
La ministra recordó que la prevalencia de obesidad ha aumentado en los menores de cinco años del 4,6 % al 5,4 %, y que en adolescentes ha pasado del 8 % registrado en 1990 al 20 % en 2023.
García señaló que la obesidad es solo la punta del iceberg de un problema mucho más profundo, vinculado a los determinantes sociales de la salud, como el acceso limitado a una alimentación saludable, la precariedad o las desigualdades.
Por ello, defendió la necesidad de reforzar las políticas de prevención y protección desde los primeros años de vida.