El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han aprobado un protocolo común para hacer frente a la gripe y al repunte de infecciones respiratorias, tras la reunión celebrada hoy en la Comisión de Salud Pública. El documento recoge un paquete de medidas consensuadas y plantea una respuesta escalonada en función del riesgo epidemiológico, con actuaciones que van desde recomendaciones de prevención básica hasta mecanismos de coordinación extraordinaria entre territorios.
Entre las líneas generales del acuerdo para hacer frente al repunte de casos de gripe figuran la promoción del teletrabajo en determinados contextos, el uso de mascarilla en centros sanitarios y el refuerzo de medidas destinadas a proteger a los colectivos vulnerables, especialmente en entornos como residencias de mayores o unidades hospitalarias sensibles, donde la detección precoz y la actuación rápida se consideran esenciales. Sanidad defiende que estas recomendaciones buscan anticipar y reducir el impacto de las epidemias estacionales como la gripe, mejorar la preparación del sistema sanitario y proteger la salud de la población.
La ministra de Sanidad, Mónica García, celebró el pacto en un mensaje en su perfil de la red social X, donde subrayó que “el teletrabajo o las mascarillas en centros sanitarios salvan vidas”. La aprobación llegaba después de días de tensión entre algunas consejerías y el Ministerio, y de críticas por parte de la Comunidad de Madrid a la propuesta inicial, que habían puesto en duda el acuerdo. Finalmente, Madrid ha valorado como una “buena noticia” el consenso alcanzado y ha destacado el “papel conciliador y la búsqueda de consenso” del coordinador de la reunión por incorporar aportaciones de su departamento.
Medidas según el nivel de riesgo epidemiológico
El protocolo define cuatro escenarios en función de la transmisibilidad (alta en el caso de la gripe), la evolución de otros indicadores y el impacto sobre los recursos asistenciales y la población susceptible. El objetivo es reforzar la coordinación entre administraciones y que las medidas se apliquen de forma gradual e incremental.
En el primer nivel, denominado interepidémico o basal, se recomienda el uso de mascarilla a cualquier persona con síntomas, especialmente si va a estar en contacto con población vulnerable. También se contempla el uso continuado por trabajadores sintomáticos en centros sociosanitarios. A estas pautas se suman las medidas habituales: vacunación, higiene respiratoria y de manos, y precaución ante aglomeraciones o espacios con mala ventilación.
En el segundo escenario, con transmisibilidad baja o moderada, se intensifica la recomendación de mascarilla quirúrgica para personas sintomáticas y en entornos vulnerables. En hospitales, se aconseja su uso en áreas sensibles —como oncología o trasplantes— por parte de profesionales, pacientes y acompañantes. En centros residenciales, se mantiene la indicación de uso continuado por trabajadores con síntomas y se prevén medidas adicionales si se detecta transmisión.
Cuando la transmisibilidad sea alta, el protocolo propone reforzar ventilación, limpieza y desinfección. Además, la recomendación de mascarilla se amplía a espacios comunes de centros sanitarios, como salas de espera o urgencias. En residencias, se revisa la política de visitas y se aconseja a personas vulnerables usar mascarilla en interiores sin ventilación adecuada.
En el cuarto escenario, de epidemia muy alta, se activa una coordinación extraordinaria entre territorios mediante reuniones del Pleno del Consejo Interterritorial, y las autoridades sanitarias podrán establecer medidas excepcionales en contextos o colectivos especialmente expuestos.
Un acuerdo con antecedentes y reacciones políticas
El texto es similar al propuesto por Sanidad el año pasado, que no prosperó por la negativa de comunidades gobernadas por el PP. En esta ocasión, el acuerdo ha salido adelante pese a las discrepancias de los últimos días.
Desde Aragón, su consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha criticado que el Ministerio “llega tarde y mal” y sostiene que el plan se parece a medidas ya aplicadas en su comunidad. Mientras, la Comunidad de Madrid ha respaldado el pacto como una “buena noticia” y ha señalado que el consenso ha sido posible tras incorporar recomendaciones trasladadas por su departamento.