Las condiciones en que las personas trabajan y obtienen rentas son aspectos relevantes para explicar problemas sanitarios.
Ciertas situaciones como el desempleo, la precariedad o las rentas bajas, inducen un impacto negativo en la salud de la población. Así lo ha demostrado un estudio realizado en la Universidad de Granada, dónde se han analizado los cambios en el mercado laboral en los últimos años, y el impacto que han tenido en los trabajadores.
El artículo, que ha sido publicado en la revista Quality of life Research, manifiesta que el desempleo y las condiciones de trabajo, están relacionadas con el estado de salud. Lo cual conduce a desencadenar un mayor riesgo de enfermedad.
La salud percibida suele emplearse en trabajos que abordan la salud en relación con las desigualdades sociales. Este dato indicaría, por lo tanto, que las condiciones en que las personas trabajan y obtienen rentas son aspectos relevantes para explicar problemas sanitarios.
Los autores señalan, además, que el gasto en servicios públicos fundamentales resultaría insuficiente para corregir este deterioro en la salud percibida. Este gasto público se corresponde con la sanidad, la educación y la protección social, competencias que están transferidas a las Comunidades Autónomas.
El gasto público aumenta pero no mejora el resultado
El artículo subraya que, aunque el gasto público tuvo un resultado positivo, este no fue suficiente para solventar el impacto previo y tuvo un efecto muy limitado en la salud percibida.
José Jesús Martín, profesor del departamento de Economía Aplicada de la UGR, explica que “los servicios públicos fundamentales influyen en la protección de la salud percibida, pero muy poco, dado que llega un momento en que un mayor gasto sanitario no equivale a una mejor salud”.
Por el contrario, Martín sostiene que, si los resultados del estudio se confirman en investigaciones posteriores, la reducción de la precariedad laboral sí ocasionaría un efecto positivo más pronunciado. Sin embargo, para ello sería necesario un cambio en la legislación.
Para desarrollar este estudio, los expertos han empleado la base de datos longitudinal de la Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el periodo entre 2007 y 2011.
