La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a considerar “enfermedad profesional” la baja laboral de los profesionales sanitarios contagiados por Covid-19 durante el ejercicio de su trabajo, en lugar de contingencia profesional derivada de accidente de trabajo.
En la exposición de motivos de esta proposición se argumenta que, en un primer momento, cuando la pandemia “nos asolaba vigorosamente”, en España se consideró que “a las decenas de miles de sanitarios infectados de COVID-19, como al resto de trabajadores infectados”, se les otorgara una baja por “enfermedad común asimilable a un accidente laboral”. Lo que implica que, según recoge el texto, “que no tendrían seguimiento en la eventualidad de producirse secuelas ni otras ventajas de las que sí dispondrían si su baja laboral fuese considerada como enfermedad profesional”.
Así, explica, “En el accidente laboral, los beneficios empiezan con la baja y se da por concluido el proceso con el alta, mientras que la enfermedad profesional la atención no termina con el alta, sino que se habilita un posterior seguimiento periódico del paciente”.
Deber moral
Desde el Grupo Parlamentario Plural, autores de la proposición, consideran que “como sociedad tenemos el deber moral de proteger y cuidar a quienes dedican su vida al cuidado de la salud de los demás, especialmente la de aquellos en primera línea de exposición al virus, otorgándoles cualesquiera prestaciones sociales y sanitarias necesarias para garantizar su salud y bienestar, máxime si se exponen de forma abnegada al contagio al carecer de medios materiales y medidas de protección adecuadas y suficientes”.
La Comisión de Sanidad pone sobre la mesa una petición que se venía poniendo de manifiesto desde hace meses por parte del Consejo General de Colegios de Médicos, los sindicatos sanitarios profesionales, y varias sociedades científicas. De hecho, hace unos días ya se había reconocido públicamente desde el Gobierno, a través del el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, el estar estudiando esta posibilidad, a instancias de una recomendación del Defensor del Pueblo
